Por José Cáceres
SANTO DOMINGO.– El economista Van Elder Espinal lanzó fuertes cuestionamientos contra el manejo de los programas de asistencia social durante los seis años de gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al afirmar que el gobierno ha destinado más de RD$300 mil millones al programa Supérate sin los controles y la supervisión , mientras que han destinado unos 350 millones de dólares en los diferentes programas de “bonos navideños” , violando la Constitución de la República porque se trabaja con fondos públicos y eso trae serias consecuencias jurídicas.
Sus puntualizaciones las ofreció al ser entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral en el programa “De Entero Crédito” por RNN, Canal 27, que se produce de lunes a viernes a las ocho de la noche.
Sostuvo que la magnitud de los fondos manejados obliga a establecer mayores niveles de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, particularmente cuando se trata de programas dirigidos a sectores vulnerables de la población. Aseguró que el gobierno está entrampado con los datos que ofrece de la macroeconomía y con lo que siente el pueblo en la calle.
Manifestó que en este gobierno se ha desmantelado todos los programas de políticas sociales y los hechos que se han evidenciado les dan la razón. “Cuando el gobierno da datos macroeconómicos, no cuadran con lo que siente la gente”, insistió.
Narró que eso abre un debate sobre el volumen de recursos públicos destinado durante los últimos años a las políticas de protección social y sobre los mecanismos utilizados para identificar beneficiarios, asignar los recursos y comprobar que las ayudas lleguen efectivamente a las personas para las cuales fueron concebidas.
El ingeniero Van Elder Espinal criticó la falta de transparencia con que, según afirmó, el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha manejado los programas de asistencia social durante los últimos seis años y denunció dificultades para obtener auditorías y estadísticas oficiales relacionadas con las ayudas entregadas a la población.
Declaró que ha solicitado auditorías sobre los programas sociales del Gobierno, pero que, hasta el momento, “no hay forma de obtenerlas”, situación que, a su juicio, genera serias dudas sobre los mecanismos de fiscalización y control de los recursos públicos.
También deploró la forma en que se distribuyen algunas de las tarjetas Supérate y los bonos navideños, señalando que, según sus informaciones, estos instrumentos no contienen el nombre del beneficiario ni su número de cédula. A su entender, esta modalidad dificulta identificar al beneficiario final y podría facilitar un uso político o clientelar de los programas.
Y abundó: “Hay videos de funcionarios de este gobierno entregando tarjetas de Supérate en plaza comerciales a personas que les pasaban por el lado, sin ningún tipo de rigor y sin saber si esas personas las necesitaban o no”.
Exclamó que cuando funcionaba la Tarjeta Solidaridad, en las gestiones del presidente Leonel Fernández, estas tenían los nombres de los beneficiarios y su cédula, lo que indicaba que otra persona no podía utilizarla, eso era transparencia. Afirmó que hoy, funcionarios de este gobierno, llamaban y buscaban datos sobre las Tarjetas y siempre los encontraban en línea en la página web, cosa que ha desaparecido hoy.
En dudas estadísticas de pobreza
Espinal puso en duda la forma en que actualmente se mide la pobreza en República Dominicana y cuestionó que el principal indicador utilizado sea el ingreso monetario de los hogares.
El dirigente consideró que medir la pobreza exclusivamente por el ingreso resulta insuficiente, debido a que una familia puede recibir un salario determinado y, al mismo tiempo, enfrentar elevados gastos en educación, agua potable, saneamiento, transporte, vivienda, comida y otros servicios esenciales.
“Si una persona gana 30 mil pesos deberá disponer de recursos para cubrir esos gastos, por lo que le quedará muy poco y seguirá siendo muy pobre”, explicó.
Recordó que anteriormente se utilizaban diferentes variables para determinar las condiciones de vida de las familias y establecer un Índice de Calidad de Vida, metodología que, según dijo, contó con el acompañamiento del Banco Mundial y otros organismos internacionales.
Desmantelamiento de sistemas de información
Dio que uno de los señalamientos más fuertes de Espinal estuvo relacionado con los sistemas de información utilizados para identificar y medir las condiciones socioeconómicas de la población.
Afirmó que desde 2022 no se han publicado, según su versión, determinados datos que anteriormente permitían evaluar de manera más amplia los programas sociales.
Espinal enfatizó que la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), fue “dinamitada” y que, según sus informaciones, fueron eliminados registros estadísticos que habían sido construidos durante años.
“Todos los registros existentes que habían fueron borrados, lo desaparecieron; eso es un crimen social”, manifestó.
Agregó que tiene informaciones sobre la presencia de agentes de la DICRIM en esa institución y afirmó que, según lo que le fue informado, habrían sido retiradas más de 200 estadísticas o herramientas de trabajo que constituían, de acuerdo con su versión, parte fundamental del sistema de información.
Espinal sostuvo que la construcción de esos instrumentos estadísticos habría requerido una inversión superior a US$2 millones y alrededor de tres años de trabajo y capacitación del personal.
Estas afirmaciones, sin embargo, requieren ser documentadas y contrastadas con las instituciones oficiales correspondientes para establecer qué registros existían, cuáles fueron retirados, por qué razón y qué ocurrió con ellos.
Usan esteroides con las cifras de pobreza”
El ingeniero criticó además la diferencia que, según dijo, existe entre los indicadores macroeconómicos divulgados por las autoridades y la percepción que tiene la población en su vida cotidiana.
“El Gobierno está entrampado cuando da a conocer los macrodatos de la economía; sin embargo, la gente siente otra cosa muy diferente en los supermercados y en los colmados”, argumentó.
En ese contexto, sostuvo que si las estadísticas de pobreza no toman en cuenta los subsidios sociales que reciben los hogares, el resultado podría reflejar una realidad diferente a la que experimentan las familias.
Espinal llegó a afirmar que, sin esos subsidios, la pobreza real del país podría aumentar en alrededor de 20 puntos porcentuales, razón por la cual cuestionó la reducción de la pobreza monetaria anunciada en los últimos años.
“Están usando esteroides con las cifras de la pobreza para aparentar lo que no es”, expresó.
Los subsidios deben ser un trampolín
Espinal concluyó planteando que los programas sociales deben tener como objetivo fundamental que las familias superen progresivamente sus condiciones de vulnerabilidad.
Afirmó que los subsidios deben funcionar como “un trampolín con sostenibilidad” para que las personas puedan salir de la pobreza y alcanzar mejores condiciones de vida.
Sin embargo, consideró que en República Dominicana las ayudas sociales se están utilizando como “una ancla”, porque mantienen a determinados sectores dependiendo de los subsidios sin que necesariamente se creen las condiciones para que puedan incorporarse de manera sostenible al mercado laboral y mejorar sus ingresos.
Sus declaraciones abren un debate sobre la necesidad de fortalecer la transparencia, la auditoría y la calidad de las estadísticas sociales, así como sobre la conveniencia de utilizar mediciones multidimensionales que permitan determinar no solamente cuánto dinero recibe una familia, sino también cómo vive, qué servicios recibe y cuáles son sus verdaderas condiciones de bienestar.
