desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa
, Gildardo López Astudillo, informaron este lunes fuentes judiciales.
Conocido con el apodo de «El Gil», a López Astudillo lo consideraban las autoridades como un personaje que jugó un rol central en la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, en el estado sureño de Guerrero.
El juez desestimó 81 pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y, con base en el resto de evidencias, consideró que no había elementos para condenarlo.
«El Gil» había sido señalado como el vínculo entre la directiva de los Guerreros Unidos y sus bases en la región de Iguala y fue quien supuestamente dio aviso al líder de esta banda de la presencia de los estudiantes la noche de su desaparición.
En un mensaje de texto que presuntamente envió a su jefe, Sidronio Casarrubias, «El Gil» dijo que nunca encontrarían a los estudiantes porque los habían convertido en polvo.
La decisión del juez cierra el expediente de acusaciones contra «El Gil», quien fue excarcelado el sábado pasado del penal de alta seguridad de El Antiplano, en el estado central de México, confirmó el medio mexicano «Vanguardia».
Con la liberación de López Astudillo, suman ya 44 los acusados que han sido liberados por su vinculación con el caso de Ayotzinapa, por cargos sustentados en lo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defendió como la verdad histórica.
No hay ninguna persona condenada en relación con el caso de Ayotzinapa, que ha sido reabierto por el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al establecer una comisión especial.
Según la versión avalada por el anterior Ejecutivo mexicano, los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron y quemaron para después tirar los restos a un río de la zona.
Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo un año investigando el caso y tachó de imposible que los 43 cuerpos fueran quemados en el vertedero. Además, desveló fallas en las pesquisas y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
