Inicio Noticias PROMETIERON REDUCIR EL GASTO PÚBLICO Y TERMINARON RECORTANDO LA REPRESENTACIÓN DE SANTO...
POR LUIS HENRIQUEZ. PRENSA HISPANA.
La provincia perdería ocho diputados en las elecciones de 2028, mientras el
endeudamiento público y las pérdidas del sector eléctrico siguen planteando importantes
desafíos a las finanzas del Estado.
En agosto de 2024, el presidente Luis Abinader impulsó una reforma constitucional que contemplaba
reducir de 190 a 137 los integrantes de la Cámara de Diputados, presentando la medida como parte de
una política de austeridad, eficiencia y reducción del gasto público.
Sin embargo, la reforma finalmente aprobada estableció una Cámara de 170 diputados, apenas 20
menos que antes. Una reducción considerablemente inferior a la anunciada originalmente, cuyos
beneficios económicos todavía están pendientes de materializarse y demostrarse.
Hoy, el borrador de resolución presentado por la Junta Central Electoral (JCE) para las elecciones de
2028 comienza a poner cifras concretas a las consecuencias de aquella decisión.
La provincia Santo Domingo, que actualmente cuenta con 43 diputados, pasaría a tener 35, perdiendo ocho
representantes, equivalentes al 18.6 % de su representación legislativa.
Se trata de una provincia con más de 1.6 millones de electores registrados en el padrón de 2024,
caracterizada por su crecimiento urbano, concentración poblacional y múltiples necesidades de
infraestructura, transporte, seguridad y servicios públicos.
La pregunta resulta inevitable: ¿era necesario reducir la representación de los ciudadanos para
demostrar austeridad?
El contraste resulta aún más significativo cuando se observan los grandes desafíos de las finanzas
públicas. El endeudamiento del Estado continúa siendo motivo de preocupación, las pérdidas del
sector eléctrico siguen requiriendo cuantiosas transferencias presupuestarias y programas como las
pensiones solidarias demandan recursos permanentes, cuya sostenibilidad debe garantizarse.
Estas obligaciones, aunque responden a finalidades distintas, ponen sobre la mesa una interrogante
fundamental: ¿cuánto ahorrará realmente el Estado con la eliminación de 20 diputaciones frente a las
grandes partidas del gasto público administradas por el Poder Ejecutivo?
ARTÍCULO DE OPINIÓN · NOVIEMBRE DE 2026 2
No se trata de defender privilegios legislativos ni de desconocer la necesidad de racionalizar el
presupuesto nacional. Se trata de establecer prioridades y comprender que la representación política
constituye un derecho de los ciudadanos, no un beneficio particular de quienes ocupan las
curules.
El rechazo ciudadano a determinadas prácticas del Congreso no debería confundirse con la necesidad
de disminuir los espacios de representación democrática. Un Congreso más pequeño no garantiza
automáticamente mejores leyes, mayor fiscalización ni una administración pública más eficiente.
La reducción de diputados fue una decisión políticamente atractiva en su momento, especialmente
para sectores críticos del funcionamiento del Poder Legislativo. Sin embargo, su verdadero alcance
debe evaluarse más allá de la popularidad que pudo generar.
La reforma constitucional ya está aprobada y la nueva composición legislativa comenzará a aplicarse
en 2028. Pero eso no elimina el derecho a cuestionar sus consecuencias ni la obligación de explicar sus
beneficios reales.
La austeridad debe comenzar por enfrentar las grandes distorsiones del gasto público, controlar
el endeudamiento y corregir las pérdidas estructurales del sector eléctrico, sin presentar la
reducción de representantes como solución suficiente a los problemas fiscales del país.
Porque al final, la cuestión no es cuántos diputados pierde el Congreso, sino cuánta
representación pierden los ciudadanos.
Y en el caso de la provincia Santo Domingo, la propuesta de distribución para 2028 tiene una
cifra concreta: ocho voces menos en la Cámara de Diputados.
