SANTO DOMINGO.-La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional continúa este viernes el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025. El trágico incidente dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
El proceso entró en esta nueva etapa luego de que el pasado viernes 28 de agosto iniciara la primera audiencia que estuvo encabezada por el juez Franny González Castillo, luego de que el magistrado Raymundo Mejía dictara la calificación jurídica de homicidio involuntario, conforme a la acusación presentada por el Ministerio Público, tras descartar que los hechos pudieran ser encuadrados bajo la figura del dolo eventual.
Asimismo, el tribunal acogió las pretensiones de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a la acusación formulada por el Ministerio Público.
Por otro lado, el abogado querellante Yan Carlos Martínez Segura explicó que, si logran que los jueces acojan la petición de calificar los hechos como homicidio voluntario por dolo eventual, el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat podría cambiar de tribunal.
Agregó que los querellantes formularán la solicitud de manera específica conforme se incorporen y debatan las pruebas del proceso, al tiempo de indicar que no se trata de un planteamiento fuera de plazo, debido a que el Código Procesal Penal permite variar la calificación jurídica durante el juicio.
“El artículo 327 establece que es posible variar la calificación jurídica en juicio y así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia”, manifestó el abogado al concluir la primera jornada del proceso.
En esa ocasión, el juez Raymundo Mejía Ortiz dispuso como medida de coerción real la inmovilización de bienes por RD$500 millones, con el propósito de garantizar un eventual resarcimiento de los derechos de las víctimas durante el desarrollo del proceso judicial.
De igual manera, mantuvo las medidas de coerción impuestas a los procesados, consistentes en una garantía económica de RD$50 millones para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
También fueron incluidos como terceros civilmente demandados las sociedades Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio e Inversiones CCEP-02, S. A., así como Evelyn Espaillat y Ana Grecia López.
