SANTO DOMINGO.-Fue recesado hasta el 22 de este mes el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y otros procesados en la Operación Camaleón, acusados de supuestamente incurrir en delitos de corrupción administrativa y crimen organizado.
Según indicó la abogada de Beras, Laura Acosta, el tribunal fijó la nueva vista, debido a que una de las partes imputadas en el proceso no acudió con su representante legal y la Defensoría Pública se ha negado a asumir su defensa.
“Hay una persona jurídica, una empresa, que está imputada y que no vino acompañada de su abogado. Aparentemente, los abogados que tenía esa empresa renunciaron. Entonces, el tribunal, antes de esta audiencia, notificó a la Defensoría Pública para que viniera a defender a esta empresa, y la Defensoría Pública se ha negado porque se trata de una persona moral y que ellos no defienden empresas… Esta audiencia no se va a conocer porque la Defensoría Pública no quiso venir a representar a alguien que dice no tener los medios para defenderse; que probablemente tiene todos sus fondos bloqueados y no tiene con qué pagar un abogado”, explicó la jurista.
Asimismo, Acosta señaló que tanto el Ministerio Público como las defensas de los demás imputados se han opuesto a la negativa de la Defensoría Pública, debido a que esta situación provoca un aplazamiento innecesario de la audiencia.
“Lo que nosotros esperamos es que no sea necesario activar ninguna vía de derecho y que la Defensoría Pública cumpla con lo establecido por el tribunal”, añadió Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Según la acusación, Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia, según establece la acusación.
En tanto que José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El expediente establece que Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Los demás son procesados por lavado de activos, testaferrato y sabotaje de la red semafórica, delitos de manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red semafórica y la falsificación de certificaciones.
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que fueron utilizadas para contratos fraudulentos y control de la red semafórica, entre otros hechos ilícitos.
A petición del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, así como de incurrir en crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documentos privados. También, fueron acusados por contrabando y violación a la Ley de Armas.
