Roberto Monclus

Santo Domingo. Desde mediados de la década de 1990, República Dominicana ha recurrido de manera periódica a reformas tributarias para enfrentar déficits fiscales, responder a crisis económicas y fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado. Aunque cada proceso ha tenido contextos distintos, la constante ha sido la búsqueda de mayores ingresos para financiar el gasto público y mantener la estabilidad macroeconómica.

La primera gran modificación del período reciente fue la Ley 147-00, aprobada en el año 2000, que introdujo cambios significativos al Código Tributario mediante ajustes al Impuesto sobre la Renta (ISR) y al Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Un año después, la Ley 12-01 complementó y corrigió aspectos de la reforma anterior, con el objetivo de mejorar su aplicación y reducir distorsiones detectadas tras su entrada en vigor.

En 2004, en medio de las secuelas de la crisis bancaria que afectó al país en 2003, el Congreso aprobó la Ley 288-04 sobre Reforma Fiscal, orientada a incrementar las recaudaciones y contribuir a la recuperación de la estabilidad financiera. Esta medida elevó diversos gravámenes y formó parte de las estrategias para restaurar la confianza en la economía dominicana.

Posteriormente, durante la administración del presidente Leonel Fernández, fueron promulgadas la Ley 557-05 y la Ley 495-06 de Rectificación Tributaria, las cuales ampliaron la base impositiva, ajustaron impuestos selectivos al consumo y reforzaron los ingresos fiscales en un contexto marcado por compromisos internacionales y la necesidad de consolidar las finanzas públicas.

La reforma más amplia y de mayor impacto de los últimos años fue la Ley 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, aprobada durante el primer mandato del presidente Danilo Medina. La iniciativa surgió como respuesta a un déficit fiscal estimado en alrededor del 6.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) y contempló incrementos en diversos impuestos, incluyendo ajustes al ITBIS y a los impuestos selectivos aplicados a determinados bienes y servicios.

Desde 2012, República Dominicana no ha implementado una reforma fiscal integral de la magnitud de las anteriores. Sin embargo, los distintos gobiernos han impulsado modificaciones parciales y han planteado propuestas de pactos fiscales orientados a mejorar la eficiencia del gasto, combatir la evasión tributaria y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. El debate sobre la necesidad de una nueva reforma continúa siendo uno de los principales temas de la agenda económica nacional, especialmente ante los desafíos derivados del endeudamiento público, las demandas sociales y la necesidad de mantener un crecimiento económico inclusivo.

En suma : soy compromisario de que el presidente Luis Abinader debe aprovechar la mayoría mecánica que tiene el oficialismo en el Congreso Nacional e impulsar la anhelando reforma fiscal que tanto necesita el país para así lograr , su meta , de duplicar el Producto Interno Bruto dominicano de cara a los desafíos del futuro económico .