La elección del fin de semana estuvo precedida de un plebiscito realizado el 25 de octubre del año pasado, en el que casi el 80 por ciento de los votantes aprobaron el cambio constitucional a través de una convención íntegramente elegida por votación popular, por primera vez con integración paritaria y con 17 escaños reservados para los pueblos originarios.
Es un hecho inédito en la historia de Chile, toda vez que nunca una Constitución había sido elaborada con participación ciudadana directa. La convocatoria a la Convención Constituyente fue resultado de las masivas movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2018, cuando se intensificaron las protestas contra los abusos y las desigualdades y que duraron casi seis meses. El proceso constituyente fue el cauce político que encontró la crisis, al que concurrieron casi todas las fuerzas políticas chilenas, con la excepción del Partido Comunista chileno, aunque posteriormente se sumó y levantó candidatos en todo el país.
Esta elección múltiple ha sido postergada dos veces por la crisis sanitaria, que ha dejado unos 30 mil muertos y hasta hoy mantiene en cuarentena a casi la mitad de Chile afectado por una nueva oleada viral. Con más de 50 por ciento de la población ya vacunada contra el Covid-19, las autoridades apuestan a que las elecciones “serán seguras”. Las calles de todas las ciudades chilenas se han llenado de activistas y propaganda de los más de mil candidatos que aspiran a ocupar uno de los 155 escaños constituyentes.
Por primera vez también serán elegidos trece gobernadores regionales, que tendrán facultades para manejar presupuestos propios. Junto a ellos, además, serán votados 346 alcaldes comunales de entre más de 1.300 candidatos, a los que se sumarán más de 2300 concejales.
La ‘megaelección’ será una nueva prueba de fuego para el gobierno y las alianzas opositoras que, en su mayoría, ya despliegan sus candidatos presidenciales para las próximas elecciones de noviembre.
