El peso de la mujer en la Procuraduría.

Con solo tres mujeres al frente, la Pro­curaduría Ge­neral de la Re­pública ha sido dirigida por 37 abogados desde el fin del régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que han te­nido la responsabilidad de dirigir la investigación y dise­ñar las políticas de persecu­ción penal en los últimos 59 años.

A unos les tocó armar ex­pedientes penales que cen­traron la atención de la ciu­dadanía, por el impacto que tuvieron, dado la magnitud y el tipo de hechos que moti­vó un sometimiento judicial, difícil de borrar de la memo­ria de los dominicanos.

A los procuradores gene­rales les corresponde trazar a los procuradores adjuntos o fiscales apoderados de los ca­sos las líneas de persecución, pero en ocasiones, han subido al estrado para pedir sanción.

Algunos tuvieron el coraje de renunciarle al presidente de turno cuando no estaban de acuerdo con el manejo da­do a un expediente, principal­mente de corrupción.

Se recuerda el caso del en­tonces procurador Virgilio Be­llo Rosa (2000-2003), que le renunció en enero del 2003 al entonces presidente Hipólito Mejía, por desacuerdo con el tratamiento que se le estaba dando en la Fiscalía del Distri­to Nacional, bajo la gestión de Máximo Aristy Caraballo, al caso de lavado de activos atri­buido al exjefe de la avanzada  del primer mandatario, Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico).

También por disgustos por la puesta en libertad de varios exfuncionarios del gobierno de Leonel Fernández que fue­ron sometidos a la justicia por irregularidades en el progra­ma de Empleos Mínimos (PE­ME).

En el caso de Ramón Gon­zález Hardy (1986-1987), fue sustituido por el entonces pre­sidente Joaquín Balaguer lue­go que el mandatario cuestio­nó en los medios la lentitud para llevar el caso de Jorge Blanco, según recogen repor­tes de medios de comunica­ción.

Miriam Germán Brito, ju­ramentada el 16 de agosto de 2020, es la número tres del re­ducido grupo de mujeres que han desempeñado ese cargo, que completan Semiramis Olivo de Pichardo y Pura Luz Núñez Pérez.

Olivo de Pichardo perma­neció en el cargo dos años, desde el 15 de mayo de 1988 al 14 de mayo de 1990. Núñez Pérez menos de un año, del 14 de abril de 1987 al 14 de marzo de 1988.

Responsabilidades

Expedientes de corrupción, principalmente contra funcio­narios de pasadas gestiones de gobierno, inmobiliarios, soborno, lavado de activos, y narcotráfico han sido los prin­cipales procesos penales con los que han tenido que lidiar los últimos procuradores ge­nerales.

Y al parecer esa será la tendencia que continuará la recién designada Miriam Germán Brito, pues desde ya decidió asumir varios ex­pedientes de corrupción que habían sido enviados a la Fis­calía del Distrito Nacional por su antecesor Jean Alain Rodríguez, debido a que, según entendió la jefa del ministerio público, fueron enviados de “forma discre­cional sin seguir ningún ti­po de parámetros razonable que lo justificara”.

Entre ellos figuran los casos de sobornos de Odebrecht, la denuncia de corrupción con­tra funcionarios del Instituto nacional de Atención Integral a la primera Infancia (INAI­PI), el caso de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OM­SA), entre otros.

Un reclamo de justicia y de cero impunidad le dio la bienvenida a Germán Brito, quien fue nombrada por el presidente Luis Abinader, con la procuradora adjunta Ye­ni Berenice Reynoso, ex fis­cal del Distrito Nacional, para demostrar que cumplió con la promesa de designar a un mi­nisterio público independien­te, aunque todavía son nom­brados por decreto del Poder Ejecutivo.

Germán Brito llegó al fren­te del ministerio público des­pués de más de 40 años de servicios en el Poder Judicial, donde ingresó en el 1974 co­mo jueza de paz y concluyó en el 2019, como presidenta de la Sala Penal de la Supre­ma Corte de Justicia (SCJ), el último peldaño de la carrera judicial.

Soborno, corrupción y narcotráfico

Al penúltimo procurador Jean Alain Rodríguez (2016- 2020) le correspondió ar­mar el expediente sobre so­borno y lavado de activos de Odebrecht, uno de los casos de mayor relevancia, cuya in­vestigación inició en diciem­bre de 2016 y todavía está en los tribunales.

Salió sin ver el final del pro­ceso penal, debido a que aún está pendiente de ventilarse el juicio de fondo, en el que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la jueza Gisselle Méndez, es­tablecerá la culpabilidad o no de los encartados.

Ese caso de soborno por 92 millones de dólares que admi­tió pagar la constructora brasi­leña involucra a un empresa­rio, a varios ex funcionarios y ex legisladores.

Ese expediente le ocupó bastante tiempo a la Procu­raduría en la gestión de Jean Alain Rodríguez, quien al despedirse del cargo, el 17 de agosto, instó a la administra­ción que le sucedió a trabajar para lograr una condena en los tribunales.

Otro caso que surgió en la gestión de Rodríguez, que constituyó un escándalo, fue el de la trama de corrupción en la venta irregular de terre­nos en el sector Los Tres Bra­zos, de la provincia Santo Do­mingo. Fueron acusados ex funcionarios del gobierno y del sistema judicial, así co­mo empresarios, a través de la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (PEPCA). El proceso está en fase preliminar.

En la administración de Ro­dríguez también surgió en el 2017 el escándalo de sobor­no por 3.5 millones de dólares para la compra de aviones Su­pertucano, el cual todavía está en etapa preliminar.

En el área inmobiliaria, le correspondió liderar la de­manda de nulidad de los títu­los de propiedades de terre­nos expedidos a particulares en Bahía de Las Águilas, du­rante la gestión en el IAD de Jaime Rodríguez Guzmán, la cual fue acogida por la Octa­va Sala Penal de la jurisdic­ción original del Distrito Na­cional. El fallo que dispuso la nulidad fue ratificado en ape­lación y en la SCJ.

En el ámbito del crimen organizado, el desmantela­miento de la red que presidía César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abu­sador, fue uno de los más so­nados, en agosto del 2019, pero aunque fueron deteni­das varias personas, incluyen­do su esposa Marisol Franco, el cabecilla logró escapar de la persecución en el país, gene­rando conjeturas sobre su sali­da, lo cual ensombreció las in­vestigaciones. Fue apresado en Colombia meses después, y posteriormente enviado Es­tados Unidos, que lo reclama­ba para ser juzgado allá.

Su antecesor, Francisco Do­mínguez Brito (2014-2016) promovió la reapertura de ex­pedientes de corrupción que involucraba a legisladores.

En septiembre del 2012, logró que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia revocara el auto emitido por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Admi­nistrativa (PEPCA) que dispu­so el archivo definitivo de los presuntos actos de corrupción atribuidos al senador Félix Bautista cuando dirigió la Ofi­cina Supervisora de obras del Estado (OISOE).

El caso no prosperó porque el legislador fue favorecido con un no ha lugar en fase de instrucción, decisión que fue ratificada por la sala penal de la SCJ, y luego el procurador no recurrió el Pleno de la SCJ alegando desconfianza en los jueces.

Este expediente produjo un enfrentamiento entre el entonces procurador Domín­guez Brito y el legislador.

Otra investigación que lo­gró reabrir fue la de presun­tos actos de corrupción contra el entonces senador Amable Aristy Castro cuando presidió la Secretaría General de la Li­ga Municipal Dominicana, lo­grando que la SCJ dejara sin efecto el auto que disponía el archivo definitivo.

En ese caso tampoco tu­vo éxito porque fueron recha­zadas las pretensiones en la etapa de instrucción en la ju­risdicción privilegiada de la SCJ y confirmada la decisión en las siguientes instancias, incluyendo un recurso de re­visión que sometió la Procu­raduría ante el Tribunal Cons­titucional, por extemporáneo.

En la primera gestión de Domínguez Brito (2004- 2006), fue desmantelada la red de narcotráfico que dirigía Quirino Ernesto Paulino Cas­tillo, quien fue apresado el 18 de diciembre de 2004, duran­te una operación en la que se ocuparon 1,387 kilos de cocaí­na. Quirino fue extraditado a Estados Unidos a solicitud de la procuraduría al igual que varios integrantes de la red, entre ellos el coronel Lidio Ar­turo Nin Terrero. Quirino re­cobró su libertad en el 2014, luego de cumplir una pena de 9 años en un tribunal de Nue­va York.

Crimen organizado

En la gestión de Radhamés Ji­ménez Peña (2006-2012) fue desmantelada la red de narco­tráfico y lavado de activos que dirigía el puertorriqueño Jo­sé David Figueroa Agosto, en septiembre del 2009.

En el operativo en que se descubrió esa red fueron de­comisados 4.6 millones de dólares en un vehículo pro­piedad de Figueroa Agosto, quien se escapó de la persecu­ción policial, siendo captura­do luego en Puerto Rico junto a su compañera Sobeida Fé­lix Morel. Figueroa Agosto fue extraditado a Estados Unidos y Félix Morel a República Do­minicana, donde fue conde­nada, al igual que otros impli­cados, por lavado de activos.

Al procurador le tocó tra­zar la política de la persecu­ción de los involucrados en ese expediente, incluso ha­ciendo las coordinaciones con las autoridades de Puerto Ri­co para la captura de José Da­vid Figueroa Agosto y su pa­reja Sobeida Félix Morel en el 2010. Luego de esa captura, el procurador Radhamés Ji­menez Peña, destacó el éxito para el avance y combate del crimen organizado, lo cual en­fatizó que eso significaba que había voluntad y compromiso de las autoridades para com­batir principalmente el crimen organizado.