La compra de 11,500 millones de pesos de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), ahora convertido en el primer caso sospechoso de corrupción en manos del ministerio público, avanza sin demora por los fueros de la justicia desde la designación de la magistrada Miriam Germán Brito, que hoy llega a sus primeros 26 días en el cargo.
Este caso, que ocurrió en plena campaña electoral y durante la gestión en Obras Públicas del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, desencadenó un escándalo nacional y una ola de reclamos para una investigación que nunca tuvo efecto.
El expediente está bajo apoderamiento de la Pepca, donde fue depositado ayer por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.
Ayer también el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, prometió encaminar las pesquisas para determinar si en estas compras hubo prácticas corruptas.
Camacho agradeció a Ortiz Bosch y a Pimentel el esfuerzo que han hecho para indagar y presentar documentos sobre un hecho en el que presumen fueron lesionados los intereses del Estado.
“El Ministerio Público cumplirá con su obligación de profundizar la investigación para determinar si existen responsables”, advirtió Camacho.
Poco antes, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, recibió en su despacho a los directores generales de Ética e Integridad Gubernamental y Compras y Contrataciones Públicas, un encuentro en el que participó la procuradora adjunta y directora general de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso.
Luego de conversar brevemente con Germán Brito y demás funcionarios del Ministerio Público, Ortiz Bosch y Pimentel se dirigieron al primer nivel del edificio, en donde depositaron por ante la secreta
ria general de la Procuraduría, Gladys Sánchez, un legajo de documentos en los que figura la solicitud de intervención de la Pepca.
En el legajo de documento entregado al Pepca se alega que “dentro de los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por lo que se pone esta información a la disposición del Ministerio Público para que realice las diligencias de lugar.
Sostiene que, tomando en cuenta que el exministro Gonzalo Castillo ya no forma parte de la Administración Pública, la investigación ya no busca establecer una sanción administrativa sino actuar según lo establecido en artículo 169 de la Constitución, que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”.
