Por si la situación no fuera lo suficientemente difícil, la desconfianza que los diputados británicos sienten por Johnson y su voluntad de someterlo se hizo patente en otro de los reclamos que aprobaron ayer mediante una moción: la exigencia de que los documentos que recogen las consecuencias de un Brexit sin acuerdo se hagan públicos.
Horas antes de esa derrota, Johnson se reunió en Dublín con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, y reavivó la idea de un posible acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea (UE).
En su declaración conjunta, los jefes de Gobierno en Londres y Dublín afirmaron que se han establecido «áreas compartidas», aunque quedan «vacíos significativos». Varadkar puntualizó que la demanda de Johnson de que se elimine el mecanismo irlandés del Acuerdo de Retirada y se sustituya por «arreglos alternativos» significa «sustituir una garantía legal con una promesa».
En Westminster se especula sobre la viabilidad de algo que Johnson ha mencionado dos o tres veces en discursos y entrevistas: la creación de una zona especial en Irlanda del Norte con regulaciones comunitarias que eviten la frontera. Bruselas y Londres lo acordaron al final de 2017, antes de que Theresa May exigiese que el mecanismo incluyera a Reino Unido. Y de que fuese rechazado por el Parlamento.
El rechazo al mecanismo irlandés era alimentado por un sentido de unidad nacional y por la dependencia de May de los diez escaños de los unionistas del DUP norirlandés. Su importancia ha desaparecido después de que la purga de sus propios diputados haya dejado a Johnson en minoría por más de cuarenta escaños. ¿Sería ahora el Gobierno también despiadado con unionistas y «brexiters»?
Esquivar la ley
Durante toda la mañana de ayer, los medios británicos se hicieron eco de las argucias a las que Johnson podía recurrir para sacar adelante el Brexit el 31 de octubre, a pesar de los temores de que la ruptura se produjera sin acuerdo y dejara la economía del país en ruinas. Desde la «BBC» se mencionaba la posibilidad de que se recurriera a algún país miembro de la UE afín con la ruptura con el Reino Unido, con la intención de que bloqueara la concesión del aplazamiento.
No es esa la única posibilidad. Se ratificó formalmente en la última sesión la Ley de la Unión Europea (Retirada) número 6, que la oposición logró introducir en el Statute Book, o registro de las leyes, en menos de una semana. Debilita al Gobierno, según su propia visión, porque, al obligarle a pedir una prórroga si no llega a un acuerdo, su amenaza a Bruselas de marcharse sin más no es ya del todo creíble. Johnson estudia si puede esquivarla.
La marcha del «speaker»
El presidente de los Comunes, John Bercow, famoso por sus gritos pidiendo silencio -«¡Order! ¡Order!»- y por su elocución subida, anunció que dimitirá tras la sesión del 31 de octubre, protagonista de nuevo en la tarima del penúltimo pimpampum del Brexit y antes de las futuras elecciones generales, para que sea este Parlamento quien misteriosamente decida el presidente del nuevo.
Son cosas de Bercow, elogiado por defender a los miembros de los Comunes frente al Ejecutivo y a los jefes de disciplina de los grupos parlamentarios, pero capaz -en el día en el que la ceremonia de cierre del Parlamento podía retrasarse hasta la madrugada- de añadir hora y media de dedicatorias y agradecimientos suyos al tendido y de halagos hacia él de sus colegas, a cincuenta días de su marcha efectiva.
Comienza la etapa de las conferencias de los partidos. Las fuerzas de la oposición reprocharon al Gobierno que cierre el Parlamento desde hoy hasta el 14 de octubre sin presentar siquiera documentos de los preparativos de la marcha abrupta. Pero el Gobierno está despechado. El bloqueo de la oposición le obligará a convocar elecciones como pronto al final de noviembre, cuando Johnson las quería ahora.
