Major ha revelado que solicitará permiso del Tribunal Superior para sumarse a la demanda ya presentada por la activista contraria al brexit, Gina Miller con el objetivo de revertir el cierre parlamentario. «En vista de la inminencia de la suspensión (parlamentaria) y a fin de evitar duplicar el esfuerzo (…), tengo intención de buscar el permiso del tribunal para intervenir en el caso ya iniciado por Gina Miller, en lugar de comenzar procedimientos legales separados», ha señalado Major.
En caso de que esa autorización le sea concedida, ha agregado que intentará «ayudar al tribunal desde la perspectiva de haber servido en el Gobierno como ministro (de Hacienda en el Ejecutivo de Margaret Thatcher entre 1989-1990) y primer ministro (1990-1997) y también en el Parlamento durante muchos años como miembro de la Cámara de los Comunes».
Johnson anunció este miércoles que cerrará las sesiones parlamentarias desde mediados de septiembre y hasta el 14 de octubre, adoptando una postura que ha indignado a todos los sectores políticos del país.
Esa medida, que llega en un momento delicado en la política británica, ha enfurecido a la oposición -y a conservadores contrarios al planteamiento de Johnson sobre el brexit- al reducir el margen de maniobra de los detractores de un «divorcio» brusco para explorar vías legales con las que evitar ese escenario.
Tal y como están las cosas, el Reino Unido abandonará el bloque comunitario el próximo 31 de octubre de manera abrupta -sin acuerdo- si ambas partes no alcanzan antes un punto de encuentro.
Por su parte, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn -principal grupo opositor- y otras formaciones políticas, ya han confirmado su intención de legislar lo antes posible para impedir una salida sin consenso y no descartan presentar una moción de censura.
Por otro lado, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo ha desestimado de forma temporal la demanda en contra de la suspensión del Parlamento y ha aplazado hasta el martes la vista en la que dictaminará si es legal la decisión de Johnson.
Durante una audiencia que duró apenas media hora, el juez descartó emitir un «interdicto provisional», es decir, adelantar su decisión sobre la legalidad de la medida.