El ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita, dice que se trata de una controversia «irresponsable y alarmista» que solo busca desgastar al actual Ejecutivo antes de las inminentes elecciones legislativas, señaladas para dentro de solo dos meses.
Pero el asunto apenas ha servido para destapar una red de negocios vinculados a familiares del Gobierno socialista que abochorna a los ciudadanos lusos.
Están implicadas, en total, seis empresas, entraron en juego 45 contratos institucionales y el montante de los negocios asciende a 3.8 millones de euros, que se han embolsado familiares o amigos de altos cargos del Partido Socialista luso… incluidas las ministras Graça Fonseca y Francisca van Dunem.
Esta nueva oleada de nepotismo se desvela en Portugal solo unos meses después de la red que salió a la luz bajo el significativo nombre de «familygate».
Por poner un ejemplo, al secretario de Estado Carlos Martins no le quedó más remedio que dimitir tras airearse que su adjunto en el gabinete desde 2016 era su primo Armindo dos Santos Alves. Y el ministro Joao Matos Fernandes tuvo que mover ficha: nada extraño si tenemos en cuenta que su mujer fue ascendida a jefa de gabinete del secretario de Estado de Ordenación del Territorio y Conservación de la Naturaleza.
La trama de enchufismo no ha hecho más que avanzar en toda regla, y solo ahora sale a la luz en toda su dimensión. Unos 20 apellidos entran en liza, con el primer ministro haciendo la vista gorda o lanzando balones fuera con frases del tipo «nunca hemos nombrado a nadie por motivos familiares» o «el tema no puede ser tratado como una broma».
Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dio un paso al frente y no dudó en alzar su voz para reclamar un cambio en la legislación vigente sobre el asunto.
