La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, que en la práctica es la que está al frente de los asuntos del gobierno, calculó la llegada de unos 500 invitados extranjeros para participar en la celebración de las efemérides que esta vez se realizarán en medio de la peor crisis política que sacude al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
«Todos vienen a celebrar con nosotros», dijo Murillo en uno de sus acostumbrados mensajes que dirige a la ciudadanía para informar sobre las acciones del gobierno que comparte con su marido, el presidente Ortega, de quien se afirma está enfermo y debilitado.
Aunque Murillo intentó resaltar la llegada de las delegaciones, lo cierto es que la escalada de represión desatada por su Gobierno le ha valido la condena generalizada de la comunidad internacional que pide la libertad de todos los presos políticos, frenar la represión y transar un acuerdo con la oposición política del país para evitar un mayor deterioro económico de la nación.
Aunque Murillo no lo dice, las delegaciones que asistirán a los festejos la integran, en su gran mayoría, personas de poca relevancia política mundial, entre ellos el presidente de Osetia del Sur, Anatoly Ilich Bibilov. Como se sabe Ilich Bibilov, representa a una desconocida nación caucásica que tan solo es reconocida diplomáticamente por cinco países de la comunidad internacional.
Nada que celebrar
«Lo primero que hay que aclarar es que aquí no hay nada que celebrar, la revolución concluyó en 1990», dijo a ABC, el general nicaragüense en retiro Hugo Torres quien en el pasado fue un destacado guerrillero antisomocista que participó en 1978 en el asalto al Palacio Nacional, acción que obligó al presidente Somoza a ceder a algunas demandas que solicitaban los guerrilleros sandinista.
Torres también participó en 1974 en otro exitoso operativo de asalto a la residencia de un importante funcionario del régimen de Somoza. Gracias a esta audaz acción, el presidente Anastasio Somoza se vio obligado a conceder la libertad de Daniel Ortega que se encontraba en prisión. Ortega, en esa ocasión, fue trasladado a Cuba con sus amigos del comando guerrillero.
Metamorfosis política
Cuarenta años después del ascenso de la revolución, Hugo Torres califica a Ortega de «un dictador peor que Somoza» debido a los alarmantes niveles de represión que ha alcanzado su gobierno contra los ciudadanos. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos afirman que más 300 personas han muerto desde abril de 2018, fecha en que se iniciaron las protestas.
Torres, recuerda que la metamorfosis política del mandatario se inició después de la derrota electoral que sufrió en 1990 cuando se enfrentó en las urnas a Violeta de Chamorro. Fuera del gobierno y aprovechando su prominente posición que ocupó en los años 80 al frente del gobierno revolucionario, el dirigente sandinista comenzó a apoderarse de las estructuras del partido y para eso tuvo que aplacar a las voces críticas y fue así que se convirtió «en el eterno candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional». Antes de volver al poder el candidato sandinista fue vencido en tres ocasiones sucesivas.
Con su retorno al poder en 2007, forjó una alianza política con el presidente venezolano, Hugo Chávez, que le brindó una fabulosa asistencia económica para impulsar, junto al sector privado nicaragüense, el desarrollo del país. Aunque algunos sectores resaltaban el adecuado manejo macroeconómico de su gobierno, sus críticos más férreos advertían que el mandatario estaba creando un régimen autoritario para afianzarse en el poder y hasta de crear una nueva dinastía familiar.
«Controla todo, los sindicatos, la Policía, los poderes del Estado», manifiesta Hugo Torres, tras recordar la ola represiva desatada por el gobierno para aplacar la creciente demanda de libertades políticas de la población.
Dispositivo de seguridad
Aunque la fuerte represión gubernamental ha sofocado temporalmente las protestas, el presidente Daniel Ortega celebrará este viernes el 40 aniversario de la revolución políticamente debilitado. Su poder de convocatoria se ha esfumado. A los pocos actos públicos a los que asiste se presenta rodeado de un enorme dispositivo de seguridad y es evidente la decreciente asistencia de sus simpatizantes.
En los últimos días los organismos de seguridad han recrudecido sus labores de vigilancia. La policía y agentes antimotines se desplazan por la capital y en ciudades del interior del país para impedir cualquier brote de protesta antigubernamental.
Marcos Carmona, que dirige en Nicaragua la Comisión Permanente de Derechos Humanos, declaró este jueves que el gobierno trata de proyectar un ambiente festivo «pero lo cierto es que Nicaragua está de luto, porque el gobierno sigue derramando sangre inocente». El promotor de derechos humanos afirmó que en menos de 15 días han recibido denuncia de 5 personas asesinadas.
La efeméride del 19 de julio es la más popular de la liturgia sandinista, y el gobierno según antiguos compañeros de lucha del presidente Ortega, ante la falta de apoyo popular presiona más a los empleados del gobierno para que participen en el evento que se realizará la tarde de este viernes.
Presiones a los empleados
La comandante sandinista Dora María Téllez, célebre por su participación en la operación de asalto al Palacio Nacional, en agosto de 1978, denunció en un mensaje de Twitter las presiones contra los empleados públicos que temen perder sus puestos de trabajo si no participan en el acto en el que el presidente hablará, seguramente, en cadena de radio y televisión a la nación.
«Están lloviendo las denuncias de trabajadores de salud obligados a ir al acto del 19 y, además, obligados a comprar la camiseta en 200 córdobas y pagar cuota para los buses. Mensual les quitan cerca del 15% del salario para el orteguismo en la unidad de salud», escribió la antigua guerrillera sandinista y la única mujer del comando que participó en el operativo de asalto al Palacio Nacional y que obligó a Somoza a hacer más concesiones a los sandinistas.
Los llamados oficiales a participar en los festejos parecen ser ignorados por gran parte de la población. A parte de la propaganda oficial, representantes de distintos sectores advierten, a través de las redes sociales, el peligro que significa que el gobierno de largas a las negociaciones y retrase un acuerdo que permita desactivar la crisis en que se encuentra sumergido el país.