Al abandonar su pragmática negativa a entablar una batalla sin éxito asegurado y susceptible de ser utilizada por Trump para su reelección, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes se ha embarcado finalmente en lo más parecido a una crisis constitucional controlada. Frente a la reluctancia de los líderes demócratas, el presidente Trump, y solamente Trump, ha terminado por convertir este proceso en algo inevitable.
La Cámara Baja no puede simplemente iniciar un proceso de «impeachment» por sus desacuerdos con el presidente. En este sentido, el procedimiento contemplado por la Constitución americana no ha sido nunca un atajo a través de la colina del Capitolio para el ajuste de cuentas entre rivales políticos. No se trata de alterar ex post facto el resultado de unas elecciones. Y por supuesto, no es una moción de censura en la que se reconfigura una nueva mayoría parlamentaria suficiente como para respaldar un cambio gobierno.
La esencia del «impeachment», según las explicaciones originales ofrecidas por Alexander Hamilton en los Federalist Papers, no es otra que «el abuso o violación de la confianza pública». Lo que a nivel de la Casa Blanca significaría el abuso o mal uso del poder presidencial, incluso en casos no necesariamente tipificados como delitos. La clave del «impeachment» es que también se trata de un dilema moral. Los demócratas han optado por no seguir ignorando el problema. Y si prospera este proceso, los republicanos tendrán por lo menos que reconsiderar su complicidad.
