El Tribunal ha dicho que no hay duda de que los tribunales pueden revisar un poder prerrogativo. Todas las partes lo aceptan. Lo que está en cuestión es cuáles son los límites de este poder. Los 11 jueces por unanimidad han declarado ilegal la decisión del primer ministro.
Los ministros argumentaban que la suspensión del Parlamento, no era asunto de la corte, pero la oposición defendia que Boris Johnson tenía la intención de limitar el escrutinio de los planes del Brexit del primer ministro.
Johnson ya había advertido que no descarta una nueva prórroga del Parlamento.
Actualmente, el Parlamento debe regresar a su actividad el 14 de octubre, y el Reino Unido tiene previsto abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre.
La audiencia de tres días en la Corte Suprema trató con dos apelaciones: una de a activista y empresaria Gina Miller, y la segunda del gobierno.
Miller estaba apelando contra la decisión del Tribunal Superior Inglés de que la prórroga era «puramente política» y no era asunto de los tribunales.
Por su parte, el gobieno apelaba contra el fallo del Tribunal de Sesión de Escocia de que la prórroga era «ilegal» y que había sido utilizada para «obstaculizar» el Parlamento.
A estas dos posturas, totalmente contradictorias, se tuvo que enfrentar la Corte Suprema.
Durante el caso de la Corte Suprema, el abogado del gobierno Lord Keen dijo que era «territorio prohibido» que los jueces intervinieran en argumentos políticos sobre cuándo y cómo se suspende el Parlamento.
Sin embargo, Lord Pannick, en representación de la Miller, argumentó que la «duración excepcional» de la prórroga era «una fuerte evidencia» de que el motivo del primer ministro era «silenciar al Parlamento», lo que él veía como un obstáculo para sus objetivos políticos.
Boris Johnson defendió que estaba prorrogando el Parlamento para celebrar un nuevo discruso de la Reina el 14 de octubre para delinear los planes legislativos de gobierno para el próximo año.
Sin embargo, el momento ha sido controvertido porque redujo el tiempo que el Parlamento tenía antes de la fecha límite para el Brexit, ya que los parlamentarios no pudieron formular preguntas a los ministros ni examinar la legislación del gobierno durante la suspensión.
