Posteriormente, en julio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que a la joven debería permitírsele su regreso a Reino Unido para presentar su caso, lo cual fue a su vez apelado por el Ministerio del Interior, que argumentó ante el Tribunal Supremo que permitirle regresar al Reino Unido «crearía importantes riesgos para la seguridad nacional». Este viernes, en una nueva vuelta de tuerca de un asunto que conmocionó a todo el país, y que removió fibras sensibles al ser Londres una de las ciudades más atacadas por los islamistas, el Tribunal Supremo dictaminó de forma unánime que Begum, una más de las conocidas como “novias yihadistas” (jóvenes que abandonaron sus países de nacimiento y crianza para unirse a la organización terrorista)
no podrá volver a pisar suelo británico,
y por tanto no podrá, como pretendía, pelear en los tribunales para que le sea devuelta su ciudadanía. Sus abogados, a quienes no se les permite visitarla en el campo de refugiados, defienden su derecho a la defensa de sus intereses, algo imposible en las condiciones actuales. Pero el gobierno, y ahora los jueces, parecen inflexibles en su defensa de la seguridad nacional. El juez Robert Reed, presidente del Supremo, aseguró que el gobierno tiene derecho a evitar que la joven vuelva y declaró que el juicio de apelación queda suspendido hasta que las circunstancias permitan la participación de Begum, algo que parece imposible. Sajid Javid acogió con satisfacción el fallo, diciendo que «no hay una solución sencilla para esta situación, pero cualquier restricción de derechos y libertades que enfrenta esta persona es una consecuencia directa de las acciones extremas que ella y otros han tomado».
La decisión judicial ha reabierto un enardecido debate que tiene los derechos humanos en el centro. La organización Liberty, que ha actuado en favor de la joven, declaró en un comunicado hecho público en su página web que «despojar a alguien de la ciudadanía sin el debido proceso socava el estado de derecho, y el derecho de todas las personas a un juicio justo» y la abogada Rosie Brighouse manifestó que el fallo «sienta un precedente extremadamente peligroso» ya que «el despojo de la ciudadanía es uno de los poderes más extremos disponibles para el gobierno. Convertir a alguien en apátrida va en contra del derecho internacional».
Con respecto a las otras dos adolescentes que huyeron a Siria junto a Begum, hay informes que indican que Kadiza Sultana falleció en un bombardeo, mientras que la suerte de Amira Abase se desconoce.
