En un comunicado, el Departamento de Defensa ha precisado que la recompensa, enmarcada en el programa de la agencia que administra el Servicio de Seguridad Diplomático, tiene el objetivo de identificar o localizar a personas que ayuden o inciten a violar una norma relacionada con «el fraude y el abuso informático».
Así, las personas que estén involucradas en operaciones cibernéticas «maliciosas» dirigidas contra la infraestructura de las campañas electorales o de los comicios, previstos para el 3 de noviembre, pueden ser objeto de un proceso penal bajo la ley mencionada, que criminaliza «las intrusiones informáticas no autorizadas y otras formas de fraude» relacionadas con la informática.
Entre otros delitos, la norma «prohíbe el acceso no autorizado a ordenadores para obtener información y transmitirla a destinarios no autorizados», ha avisado el Departamento de Estado.
