SANTO DOMINGO.-Dayana Heredia, una dominicana detenida en Venezuela desde julio de 2024, pidió al presidente Luis Abinader que intervenga para ayudarla a regresar a República Dominicana, mientras sus familiares reclaman que las autoridades dominicanas le brinden asistencia consular y verifiquen las condiciones de salud y de detención en las que permanece.
En un video, Heredia relata que fue víctima de una presunta red de viajes ilegales que opera en Colombia en coordinación con ciudadanos dominicanos. Según explica, le prometieron trasladarla a España, pero terminó ingresando a Venezuela, donde fue arrestada por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
De acuerdo con sus familiares, las autoridades venezolanas la acusaron de tener en su teléfono celular presuntas fotografías relacionadas con sustancias prohibidas y, por ese caso, fue condenada a 21 años de prisión. Sus parientes consideran excesiva la pena y sospechan que la situación podría estar relacionada con las tensiones políticas entre los gobiernos de República Dominicana y Venezuela.
La familia vincula sus sospechas con la posición asumida por el Gobierno dominicano frente a los resultados de las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, la incautación de un avión venezolano en República Dominicana y otras diferencias entre ambas administraciones, que derivaron en la ruptura de las relaciones diplomáticas. Según los parientes, esta situación ha dificultado que puedan viajar a Venezuela para visitar a Heredia durante el tiempo que lleva detenida.
Los familiares informaron que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición P-184-26 y solicitaron medidas cautelares identificadas como MC-144-26 VE, por presuntas violaciones al debido proceso y por los riesgos que enfrenta la salud de la dominicana. Aseguran que Heredia padece problemas renales y atribuyen su condición, entre otros factores, a la poca ingesta de agua y a las dificultades para acceder a ese recurso en el lugar donde permanece recluida.
La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Heredia mediante la Resolución 63/2026, del 10 de agosto de 2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud estaban en riesgo de daño irreparable.
Asimismo, los familiares afirmaron que desde el inicio de la detención han solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) que intervenga para garantizar la asistencia consular. Según relataron, se han comunicado con Miguel Reyes, director de Protección a Nacionales de esa institución, pero aseguran que no han recibido la atención solicitada y que la respuesta ofrecida ha sido que no existen relaciones diplomáticas con Venezuela.
María Heredia, hermana de la detenida, reconoció que la ruptura de las relaciones diplomáticas dificulta las gestiones consulares, pero sostuvo que esa circunstancia no debe impedir que se busquen mecanismos de asistencia para una ciudadana dominicana privada de libertad en el extranjero.
En ese sentido, citó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuyo artículo 2, numeral 3, establece que «la ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ipso facto, la ruptura de relaciones consulares».
Ante lo que consideran una respuesta insuficiente de la Cancillería, los familiares se sumaron al llamado de Heredia al presidente Abinader para que disponga las gestiones necesarias que permitan dar seguimiento a su caso, verificar su estado de salud y las condiciones en que permanece detenida, así como explorar las vías legales y diplomáticas que puedan facilitar su retorno a República Dominicana.
«No le pedimos al presidente que le exija a Venezuela que libere a Dayana; no, le estamos pidiendo que la asistan, que las autoridades venezolanas vean que las autoridades de su país están pendientes de su caso y de su connacional», expresó Heredia.
La hermana aclaró que la petición de la familia no busca que el Gobierno dominicano intervenga en las decisiones judiciales venezolanas ni que exija una liberación al margen de los procedimientos legales. Su reclamo es que las autoridades dominicanas acompañen a su connacional, procuren que reciba la atención médica necesaria y realicen las gestiones correspondientes para evaluar alternativas que permitan su regreso al país.
