SANTO DIMINGO.– La auditoría realizada en la Direción General de Migración por la Contraloría General de la República reveló que, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, la entidad ejecutó 50 procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios que no se encontraban contemplados en su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
La investigación indica que el monto global de estas operaciones no planificadas asciende a RD$ 552,980,967, identificados a partir de una muestra auditada de 229 procesos, extraída de un total de 1,270 contrataciones efectuadas por Migración en el periodo indicado.
El organismo argumentó en su réplica institucional que las compras fuera de agenda respondieron a necesidades presupuestarias y operativas de carácter imprevisto.
Citó el cumplimiento de disposiciones presidenciales que requirieron la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios y el despliegue de oficinas en todas las provincias del país, lo cual generó la necesidad inmediata de adquirir uniformes, mobiliario, equipos tecnológicos y otros insumos esenciales.
La institución fiscalizada también justificó los desembolsos alegando limitaciones en la capacidad física de sus almacenes para mantener inventarios de reserva, así como el desgaste natural de la infraestructura y los equipos por el esquema de trabajo de 24 horas y los 7 días de la semana. La DGM sostuvo que no realizar estas adquisiciones con celeridad habría provocado la parálisis de los servicios y puesto en riesgo la continuidad operativa de la entidad.
Según el reporte oficial (referencia IN-CGR-DC-2026-00093), esta práctica representó una inobservancia al artículo 25 de la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI), al artículo 31 del Decreto 543-12 (Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones), y a diversas Normas Bicas de Control Interno (NOBACI) relativas a la gestión de adquisiciones públicas.
La Contraloría General de la República evaluó los alegatos y la documentación probatoria remitida por la administración de Migración, determinando cambiar el estatus del hallazgo a «subsanado posterior al informe» en el resumen ejecutivo, aunque manteniendo el hecho dentro de las observaciones del expediente general sin variar el cuerpo del documento.
La Contraloría instó a Migración a remitir un plan de acción formal de remediación en un plazo no mayor a 15 días laborables. Dicho plan busca evitar la recurrencia de improvisaciones en la programación presupuestaria y asegurar que los requerimientos ordinarios y extraordinarios queden debidamente articulados conforme al marco legal de compras públicas.
Este hallazgo forma parte de una evaluación integral a la gestión financiera y operativa de la DGM, en la cual la Contraloría fiscalizó además rubros como la ejecución presupuestaria, la administración de inventarios, el registro de activos fijos y la gestión de recursos humanos de acuerdo a la investigación fechada en julio de este año y hecha pública este domingo por el órgano rector.
El levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles detalló un inventario valorado en el SIAB por RD$ 979,654,561.06 al cierre de 2025, detectando graves fallas en su custodia y control.
Entre las principales inconsistencias figuraron 149 activos fijos no localizados, la falta de codificación de Bienes Nacionales en 263 propiedades y la omisión del traspaso de inventarios por parte del incumbente anterior al asumir la gestión.
Adicionalmente, el examen al parque vehicular mostró 150 unidades registradas ante la Dirección General de Impuestos Internos que no fueron ubicadas en las inspecciones de campo.
El análisis a la administración de recursos humanos expuso que las nóminas de la entidad no son procesadas a través del Sistema de Administración de Servidores Públicos, recurriéndose en su lugar a una plataforma interna denominada DOM-02.
La institución argumentó que la falta de migración obedece a que su estructura organizacional histórica carece de las áreas y dependencias vigentes, lo cual imposibilita la parametrización técnica requerida por el Ministerio de Administración Pública. Este requerimiento se mantiene pendiente de validación tras la entrega del plan de remediación.
El informe oficial evidenció la inobservancia de los topes salariales regulados por el marco normativo estatal al verificar los beneficios otorgados al personal de la institución.
Se determinó que un grupo de 30 colaboradores recibió asignaciones de combustible por un monto global de RD$ 93,500.00 que superó el límite legal del 10% de sus respectivos sueldos. Debido a que la entidad no presentó descargos ni documentación probatoria sobre este punto en su réplica institucional, la Contraloría mantuvo la observación sin variaciones.
También reveló que, de un presupuesto asignado de RD$ 15,826,698,155 entre el periodo comprendido, la entidad devengó RD$ 13,975,398,414.10. Esto generó un monto subejecutado de RD$ 1,851,299,741.45 que evidenció fallas en la planificación institucional y en la programación para cumplir las metas operativas.
Las labores de fiscalización técnica en el área de almacén de materiales y suministros identificaron limitaciones en las condiciones físicas de infraestructura que afectaron la conservación de los bienes.
La inspección comprobó la falta de tramarías y climatización adecuada, apilamiento de mercancías susceptible de deterioro, ausencia de codificación visible y la distribución desordenada de insumos dentro de furgones.
