Exsubdirector del hospital Darío Contreras figura entre los apresados por el caso Senasa 2.0

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SANTO DOMINGO.-El doctor Gabriel Ravelo, quien hasta hace varios meses se desempeñaba como subdirector del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, figura entre las personas detenidas en relación con el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Ravelo fue juramentado como subdirector del centro hospitalario el 24 de octubre de 2023 y, de acuerdo con una fuente vinculada al caso, presentó su renuncia al cargo meses después.

La detención se produjo en medio de una nueva jornada de allanamientos realizados este viernes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), como parte de las investigaciones del denominado caso SeNaSa 2.0.

De acuerdo con una fuente del Ministerio Público, que solicitó mantener su identidad en reserva debido a que los procedimientos continúan en desarrollo, los operativos se ejecutaron en distintos puntos del país, incluida la provincia Sánchez Ramírez, donde las intervenciones abarcaron los municipios de Cotuí y Fantino, así como sectores de Santo Domingo.

Durante los allanamientos también fueron detenidos varios médicos. El abogado Jorge Contreras, representante de siete de los cirujanos ortopedas involucrados, informó que sus defendidos son investigados por la presunta facturación de servicios médicos que no habrían realizado.

Contreras explicó que los profesionales ya habían sido interrogados en al menos dos ocasiones y que se encontraba a la espera de reunirse con los fiscales a cargo del proceso para conocer el curso de las diligencias.

El abogado también señaló que los operativos alcanzaron a personas vinculadas a dos cadenas de farmacias y que, según informaciones preliminares, cerca de 30 personas habrían sido detenidas.

Los detenidos son trasladados a la Procuraduría General de la República para ser interrogados, mientras las autoridades continúan con las diligencias. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado oficialmente la cantidad total de personas arrestadas ni las imputaciones específicas que enfrentarían los nuevos detenidos.

Una investigación que continúa

Las nuevas intervenciones se producen mientras el Ministerio Público mantiene abierta la investigación en torno al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en la que se indagan presuntas irregularidades relacionadas con la facturación de servicios médicos, emisión de recetas, reclamaciones de procedimientos que no habrían sido realizados y falsificación de firmas para la sustracción de fondos públicos.

En paralelo con los nuevos allanamientos, el juez de la Séptima Sala de Instrucción del Distrito Nacional aprobó este viernes la solicitud del Ministerio Público de una prórroga de cuatro meses para completar las investigaciones y presentar la acusación formal. La solicitud fue presentada por el director de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la PEPCA, Mirna Ortiz.

Durante la audiencia, el tribunal también rechazó la petición de tres imputados que buscaban sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario.

En el expediente figuran, además de Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Parte de los imputados cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras otros permanecen bajo arresto domiciliario.

El Ministerio Público atribuye al grupo su participación en una estructura que habría defraudado al Estado por más de RD$15,000 millones, mediante operaciones investigadas entre 2020 y 2025.

A los imputados se les atribuyen provisionalmente delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.

La investigación permanece abierta y, de acuerdo con las autoridades, no se descarta la incorporación de nuevos profesionales, empresarios y entidades jurídicas al expediente a medida que avancen los operativos y la recolección de evidencias.