Se trata de Alí al Arab, de 25 años, y Ahmed al Malali, de 24, que fueron condenados a muerte en 2018, en una sentencia ratificada por los tribunales de apelación y casación. De los otros 56 acusados, 19 recibieron cadena perpetua, 17 una pena de 15 años de cárcel, nueve a diez años y cinco a once, mientras que dos fueron absueltos.
Al Arab y Al Malali fueron declarados culpables de formar un grupo terrorista, buscando financiación, reclutas y armas, para atentar en Bahréin. Según las autoridades judiciales, el supuesto líder está prófugo en Alemania, mientras que otros miembros vivían en Irak e Irán, donde habrían recibido apoyo de la Guardia Revolucionaria, un cuerpo de élite de la República Islámica.
«La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General ha demostrado la creación de un grupo terrorista por parte de los individuos acusados para alterar el orden público y poner en peligro la seguridad de Bahréin», ha dicho este sábado el abogado general, Ahmed al Hamadi, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial BNA.
Ambos han sido ejecutados al amanecer por un pelotón de fusilamiento junto a un tercer reo condenado por matar al imán de la Mezquita Bin Shadá y desmembrarlo para deshacerse del cadáver.
Torturados
El Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia (BIRD) ha denunciado que Al Arab firmó una confesión estando con los ojos tapados y tras ser sometido a torturas, incluido el arrancamiento de uñas y descargas eléctricas. Al Ahmed, que recibió dos disparos en una mano al ser detenido y las balas no se extrajeron hasta semanas después, también firmó una confesión falsa, de acuerdo con el BIRD.
El director del BIRD, Ahmed al Uadaei, había urgido a la comunidad internacional a «hacer todo lo posible para evitar estas ejecuciones». «Parece que el Gobierno de Bahréin ha planeado esto con meticulosidad, haciendo coincidir las ejecuciones con los recesos legislativos en Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido para evitar críticas internacionales», lamentó.
Amnistía Internacional había apelado directamente al rey de Baheréin, Hamad bin Isa al Jalifa, para que ordenara repetir el juicio, esta vez «sin recurrir a la penda de muerte», denunciando que el anterior fue «un juicio injusto fundamentado en confesiones firmadas bajo coerción».
En esta misma línea se expresó Human Rights Watch (HRW), que avisó al monarca bahreiní de que «ha cometido una grave injusticia al ratificar las condenas a muerte pese a las acusaciones de torturas y otras graves preocupaciones en torno al proceso». «Debería corregir el error», le instó la directora en funciones de HRW para Oriente Próximo, Lama Fakih.
