El primer ministro ya anunció por la mañana que la ley, que ahora continuará su tramitación con los siguientes pasos necesarios, incluyendo su paso por la Cámara de los Lores, sería aprobada «bastante rápido» y «sin poner en peligro de ninguna manera el mercado único de la UE». El Reino Unido está intentando «arreglar algo que creo que es muy importante para nuestro país, que es el equilibrio del acuerdo de Viernes Santo de Belfast», defendió, y apuntó que la comunidad norirlandesa «siente que las cosas realmente no están funcionando».
Sin embargo, Johnson no las tenía todas consigo, sobre todo después de que, dentro de sus propias filas, la ex primera ministra Theresa May liderara una rebelión contra la propuesta, argumentando que no está justificado un cambio unilateral en el Protocolo mientras exista el mecánico de disputa, conocido como artículo 16, que puede invocar cualquiera de las partes. El proyecto es «ilegal» y «fracasará», afirmó May. «Como patriota, no quisiera hacer nada que menospreciara a este país a los ojos del mundo», declaró, para luego dirigirse directamente al Ejecutivo: «Tengo que decirle al Gobierno que, en mi opinión, este proyecto de ley no es legal en el derecho internacional, no logrará sus objetivos y disminuirá la posición del Reino Unido a los ojos del mundo, y no puedo apoyarlo».
También cargó contra la medida propuesta por Johnson el exministro de Desarrollo Internacional Andrew Mitchell: «Esta ley rompe descaradamente un tratado internacional, echa por tierra nuestra reputación a nivel internacional y amenaza con una guerra comercial en un momento en el que nuestra economía está plana», criticó, y añadió que «la reputación de nuestro partido y la reputación de nuestra nación están en peligro».
En cambio, lo defendió a capa y espada la ministra de Exteriores, Liz Truss, que abrió el debate diciendo que proyecto de ley es «necesario y legal» y que está diseñado para proteger el Acuerdo del Viernes Santo, que puso fin a tres décadas de violencia en la región. Hace dos semanas, Johnson puntualizó que el documento solo contiene algunos ajustes «triviales», que todo es un simple «cambio burocrático». Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic, consideró que las acciones unilaterales «son siempre perjudiciales para la confianza», si es que a estas alturas queda aún algo de ella entre Londres y Bruselas.
«Idealmente, arreglaríamos estos problemas a través de la negociación, pero la UE ha descartado cambiar el texto del protocolo. Irlanda del Norte ha estado sin un Ejecutivo en pleno funcionamiento desde febrero debido al protocolo, en un momento de crisis por el coste de la vida y muchos otros desafíos», sostuvo la ministra, haciendo referencia a que los problemas por el acuerdo han provocado un bloqueo en la formación de gobierno en Stormont, ya que los unionistas del DUP se niegan a gobernar con el Sinn Féin si el Protocolo no es eliminado. Jeffrey Donaldson, líder del DUP, opinó que en el último año y medio el impacto del protocolo «en la vida económica, constitucional, social y política de Irlanda del Norte» ha sido «devastador».
La oposición se mostró abiertamente en contra del cambio. Por ejemplo, Hilary Benn, expresidenta laborista del comité selecto del Brexit, quien dijo que «este es un proyecto de ley nacido de la desesperación más que de los principios», y advirtió que «es hora» de que el Reino Unido y la Unión Europea «vuelvan a sentarse a la mesa y resuelvan esto».
