Guaidó llegó a la presidencia de la Asamblea el 5 enero de 2019 y, ejerciendo sus atribuciones constitucionales, el 23 de ese mes se proclamó presidente encargado del país para sustituir a Nicolás Maduro por considerarlo «ilegítimo». De ahí que se trazara tres objetivos que se convirtieron en su mantra: cese de la usurpación, instalación de un Gobierno de transición y convocatoria de elecciones libres y transparentes. Desde entonces sus funciones como presidente interino, cargo para el que le han reconocido por más de medio centenar de países, recaen en su figura de líder del Parlamento.
La Asamblea Nacional escogió a sus representantes en las elecciones legislativas de 2015, en las que la oposición salió triunfante con 112 de los 167 escaños, es decir, se alzó con el 67% de los diputados de la Cámara. Sin embargo, durante toda la legislatura el régimen de Maduro ha utilizado su poder para desacreditarla y reducirla a un espacio de debate sin poder de facto. Su nueva jugada es sacar a Guaidó del terreno político con la llamada «Operación alacrán rojo», una maniobra con la que ha sobornado a diputados opositores con hasta un millón de dólares para comprar su voto y restarle ventaja a Guaidó de cara a su reelección como jefe del Parlamento.
A esto hay que agregar que más de 30 diputados se encuentran separados de sus cargos por la persecución y extorsión del régimen a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordena allanar su inmunidad, la Fiscalía y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente creada por Maduro en 2017. Los suplentes de los diputados perseguidos han ocupado sus escaños, salvo dos que se encuentran totalmente vacíos: el de Freddy Guevara, refugiado en la Embajada de Chile en Caracas desde 2017, y su suplente, Juan Andrés Mejía, hoy en el exilio, y el de Sergio Vergara y Rosmit Mantilla, ambos perseguidos y exiliados.
El chavismo ha encarcelado a diputados como Juan Requesens, Édgar Zambrano (ya excarcelado) y Gilber Caro. Este último obtuvo su libertad dos días antes de la visita al país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Este viernes el Gobierno ordenó detenerlo de nuevo como parte de su juego maquiavélico. Otros han decidido salir del país o refugiarse en sedes diplomáticas. Muchos de los perseguidos tienen expedientes e investigaciones abiertas en la Fiscalía.
Las divergencias en el seno de la oposición han dejado ver sus costuras, aunque los dirigentes dejan claro que la unidad no se ha quebrado. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue la principal fuerza política en la era chavista y tras 10 años de intensa lucha para recuperar la democracia, a finales de 2017 se disolvió, dejando interrogantes sobre la verdadera causa de su ruptura.
En un intento de recomponer la unidad de la oposición, a principios de 2018 nació el G4, integrado por los cuatro partidos con mayor aceptación, con 90 diputados en total: Acción Democrática (27), Primero Justicia (22), Voluntad Popular (22) y Un Nuevo Tiempo (19). Otros que han tenido cuota de protagonismo tras disolverse la MUD han sido los partidos minoritarios, que en 2015 eran 10 y ahora son 12, con un total de 22 diputados.
La «Operación Alacrán»
Pese a las persecuciones, el exilio y las presiones del régimen, Guaidó por ahora supera los 84 votos necesarios, por lo que su reelección parece un hecho. También cuenta con el apoyo de 27 organizaciones políticas (minoritarias) que ratificaron su deseo de que siga con la presidencia interina. Sin embargo, la incertidumbre crece a medida que se acerca la fecha crucial del 5 de enero, ante la posibilidad de que el régimen continúe la compra de votos.
Los diputados Luis Parra, Adolfo Superlano, José Brito, Conrado Pérez, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos fueron acusados a principios de mes de firmar cartas de buena conducta a empresarios ligados a Maduro para limpiar su imagen ante instancias internacionales que los sancionó por corrupción. Parra y Timoteo Zambrano (Cambiemos) han sido denunciados reiteradamente en la fracción opositora por continuar con la «Operación Alacrán» y extorsionar a otros legisladores. Parra, junto a Superlano y Brito, han negado públicamente su voto a Guaidó. En ese juego cayó José Gregorio Noriega, quien se vendió por un millón de dólares y, por esa razón, Voluntad Popular lo expulsó de sus filas.
Actualmente se calcula que 71 diputados votarán «no» a la reelección de Guaidó como presidente interino: cuatro del bloque 16 de Julio, integrada por Convergencia, Vente Venezuela (partido de la radical María Corina Machado) y Alianza Venezuela; los siete diputados de Convergencia por el Cambio, de Timoteo Zambrano, y los 55 diputados oficialistas. A favor se contabilizan 83 diputados del G4 (todos los de la formación menos siete) y 11 de Convengencia por Venezuela, de Delsa Solórzano, lo que suma 94. Guaidó aún mantiene una ventaja de 10 escaños, que puede cambiar en cuestión de días.
