Stefan Jagsch logró el pasado jueves el voto unánime del Consejo Local de Waldsiedlung, parte de un municipio de varias aldeas con apenas 2.500 habitantes en el estado de Hesse (oeste de Alemania), para ser su representante.
El nombramiento fue unánime: le respaldaron los siete miembros del Consejo Local de Waldsiedlung presentes, incluidos los militantes del SPD, la CDU y el Partido Liberal (FDP), mientras que un conservador y un socialdemócrata del consejo no asistieron a la votación.
La indignación entre los partidos es alta, especialmente entre los que han descubierto que afiliados suyos respaldaron al neonazi, un conocido de los servicios secretos.
Los responsables locales de la CDU en Wetterau y Altenstadt, las sedes más cercanas, se han distanciado en un comunicado conjunto de la actuación de sus afiliados y han subrayado que consideran la elección de Jagsch «incomprensible e inasumible».
«Esperamos de los miembros del Consejo Local que reflexionen sobre su decisión equivocada y la corrijan», asegura el comunicado. Agrega que «no aceptan» un Consejo Local liderado por un miembro del NPD.
Lisa Gnadl, presidenta del SPD en Wetterau y parlamentaria en la cámara regional del estado de Hesse, se declaró en un comunicado «totalmente desconcertada» y cargó especialmente contra los militantes de su formación que respaldaron al neonazi, dejando abierta la puerta a su expulsión.
La CDU y el SPD estudian ahora si se puede revertir la decisión del Consejo Local.
Jagsch, de 33 años, llevaba trece años como miembro del Consejo Local de Waldsiedlung y pertenece a la dirección del NPD en Hesse, donde ejerce también de tesorero del partido.
El nuevo representante del Consejo Local saltó a la fama hace tres años, cuando dos refugiados sirios le asistieron tras sufrir un accidente en el que resultó herido y él se resistió a agradecérselo.
El Tribunal Constitucional Alemán consideró probado hace dos años que el NPD es un partido antidemocrático y ultraderechista, pero optó por no prohibirlo porque carece de la fuerza necesaria para poner en peligro el Estado de derecho