«Hay un propósito para estas acciones, que es ayudar a Hong Kong a seguir moviéndose dando el primer paso. Pero necesita la cooperación de los ciudadanos. La retirada del proyecto de ley proporciona las bases para un futuro diálogo», justificó una decisión que, según los manifestantes y el bando democrático, llega demasiado tarde y no es suficiente. Aunque la cancelación de la ley de extradición era la primera demanda de las protestas, quedan otras cuatro: la creación de una comisión independiente que investigue la fuerza policial, la amnistía para los detenidos, la retirada de la calificación de «revuelta» y el sufragio universal.
Para sortear la primera, Lam remitió a un órgano ya existente, la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, que reforzó con dos nuevos miembros. Pero los manifestantes y diputados demócratas se quejan de que sus posturas próximas al Gobierno no garantizan una investigación justa de la brutalidad que achacan a los antidisturbios.
Argumentando el imperio de la ley, la jefa ejecutiva se negó al sobreseimiento de los cargos por «revuelta» o «disturbios» para los más de 1.100 detenidos desde junio, muchos de los cuales se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel. «No podemos aceptar dejar marchar a los criminales bajo el marco legal existente», justificó Lam, quien dejó la decisión final sobre dichos casos a los tribunales, según informa el periódico «South China Morning Post».
Intentando despejar algunas dudas que ha generado su anuncio, dejó claro que su Gobierno presentará una moción en el Consejo Legislativo (Parlamento) cuando reanude sus sesiones en octubre para retirar el polémico proyecto de ley. Un trámite que no incluye debates ni votaciones. «No teníamos ningún plan de recuperar la ley a través del proceso legislativo, así que decidimos retirarla con el apoyo del Gobierno central», explicó Lam, quien se atribuyó la exclusiva responsabilidad del proyecto. «La moción fue introducida e iniciada por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, pero, a través de todo el proceso, el Ejecutivo central sabía lo que yo estaba haciendo y me apoyó», detalló.
Para aplacar este clima de agitación política, que estalla cada fin de semana en enfrentamientos cada vez más violentos con la Policía, Lam quiere abrir el diálogo con los representantes de la sociedad, desde líderes vecinales hasta académicos pasando por profesionales de todos los sectores. «Las protestas de los últimos meses muestran un descontento público que va mucho más allá de la ley (de extradición), ya que la gente está preocupada por asuntos como la vivienda, la justicia social, la movilidad y las decisiones del Gobierno», reflexionó antes de insistir en que «la prioridad es detener la violencia». Aunque las autoridades ya han advertido de que podrían declarar el estado de emergencia para frenar las protestas, de momento prefieren seguir explorando la vía del diálogo.
Pero las explicaciones y promesas de Carrie Lam no convencen a los manifestantes, que siguen exigiendo las cuatro demandas que faltan y tienen preparadas nuevas protestas para el fin de semana. Durante los próximos días se verá si la retirada de la ley de extradición sirve para enfriar los ánimos antes del Día Nacional de China el 1 de octubre, cuando el régimen prepara una serie de fastos para conmemorar el 70 aniversario del país que Hong Kong podría aguarle.