Es verdad que ha habido retrasos en la administración de Duque para cumplir lo pactado, que las autoridades no han podido evitar el asesinato de líderes sociales, y que un sector del partido de gobierno, bajo la batuta del expresidente Álvaro Uribe, ha querido modificar lo acordado con las FARC. Pero el asunto de fondo no es únicamente ese. El asunto de fondo es también que Iván Márquez y su grupo han seguido delinquiendo. Santrich apareció en un vídeo que ha servido como evidencia de que quería enviar un embarque de drogas ilícitas a Estados Unidos. En ese operativo encubierto, a cargo de la DEA, colaboró un sobrino de Iván Márquez. Santrich fue pedido en extradición por Washington y habría podido ser enviado a ese país, tal como quería Duque. Pero, al saber que no lo cobijaban los beneficios del acuerdo de paz y ante la demora de los tribunales, huyó. El lío es que él y sus amigos deben estar en Venezuela, protegidos por Maduro.
Duque venció en las elecciones el año pasado tras derrotar a los candidatos de Santos, que respaldaban todo lo fijado en el acuerdo de paz. También venció en el plebiscito de 2016 sobre lo pactado, cuando hizo campaña por el No. Pese a todo eso, ha honrado buena parte de lo establecido. No en vano hay 10.000 excombatientes reinsertados y el exnúmero uno de esa guerrilla, Timochenko, vive en Bogotá y preside su grupo político. El Estado debe cuidarlos, y combatir a Márquez, a Santrich, a Romaña y a El Paisa. No será fácil. Cuando Duque llegó al poder, recibió un país con 200.000 hectáreas de coca, una de las más grandes extensiones en toda la historia. Y ese es el mayor combustible de la guerra.
