La investigadora de Amnistía Internacional en Estados Unidos sobre derechos de las personas refugiadas y inmigrantes, Denise Bell, ha denunciado que «Homestead es una cadena industrial para procesar un número masivo de niños y niñas en lugar de actuar en el mejor interés de estos. El mensaje de la administración de Trump es claro: si llegan a Estados Unidos niños y niñas que huyen para salvar su vida, el gobierno los va a encerrar y va a dificultar al máximo que salgan en libertad».
El centro, que dispone de un total de 3.200 camas alberga actualmente a 2.000 menores. AI ha insistido en que, si bien la cantidad de niños en el centro ha fluctuado desde su reapertura en 2018 –una decisión política de la que no fue informada la población estadounidense hasta un año más tarde– «ningún niño debería ser detenido, nunca». La gran mayoría de los menores albergados en el centro huyó de su país natal tras sufrir persecuciones y violencia en Centroamérica. Arriesgaron sus vidas al recorrer miles de kilómetros, solos o acompañados de un adulto del que fueron alejados a su llegada –para aquellos que lograron llegar puesto que una gran parte de los que emprenden la peligrosa travesía pierden la vida en el camino–.
Asustados, solos y lejos de su casa
Los niños recluidos en «Homestead» deben seguir un horario «muy reglamentado y estricto», llevar tarjetas de identificación con códigos de barras que se escanean cada vez que entran y salen de un edificio, y solicitar servicios básicos por medio de un formulario. AI informa que las niñas deben cumplimentar una solicitud incluso cuando necesitan algo tan elemental como una compresa higiénica. La oenegé subraya que, si bien los niños del centro reciben servicios educativos, estos difieren del currículo seguido por las escuelas públicas del condado. Esta diferencia es problemática ya que incrementa las barreras que se encuentran en el camino de los niños que se quieren, a largo plazo, integrar a la sociedad estadounidense.
Si bien la ley de EE.UU. especifica que los menores pueden solamente ser detenidos por un máximo de 20 días, Amnistía ha informado que permanecían recluidos en «Homestead» por una media de 52 días antes de ser entregados a una persona de reagrupación o trasladados a otro centro donde se prolonga su detención. «Los niños y niñas detenidos en el centro están asustados, solos y lejos de su casa. La inmensa mayoría tiene reagrupantes dispuestos a hacerse cargo de ellos, muchos de los cuales son progenitores y familiares», ha añadido Denise Bell.
«La detención prolongada e indefinida de menores de edad es una crisis que ha causado el propio gobierno. La administración ha decidido dificultar al máximo la libertad de estos niños y niñas al poner a los posibles reagrupantes en peligro de ser deportados» según la investigadora de Amnistía.
«El centro de Homestead, en Florida, debe ser clausurado lo antes posible y los niños y niñas deben ser trasladados a albergues autorizados de tamaño reducido y entregados a personas reagrupantes adecuadas. La detención injustificada de menores que sufrieron una violencia terrible y la persecución en su país de origen solo para ser recluidos en Estados Unidos empaña el historial estadounidense en materia de derechos humanos. Los niños y niñas que vienen a Estados Unidos deben ser tratados como cualquier otro niño o niña y recibir nuestros cuidados, no nuestro desprecio», concluye Denise Bell.
